Otro objetivo del proyecto es evitar los matrimonios entre homosexuales, denuncian.
Afirman legisladores del blanquiazul que la iniciativa podría ser aprobada en diciembre.
David Carrizales (Corresponsal)
La Jornada/28/11/07
Foto: José Carlo González
Ayer, en la Cámara, diputados perredistas se manifestaron en contra de la iniciativa.
Monterrey, NL, 27 de noviembre. La fracción del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de Nuevo León (mayoritaria) impulsa la ley de la familia, que según diversas organizaciones no gubernamentales (ONG) “viola la Constitución de la República, es discriminatoria, retrógrada e invade atribuciones de diversos organismos”.
Monterrey, NL, 27 de noviembre. La fracción del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de Nuevo León (mayoritaria) impulsa la ley de la familia, que según diversas organizaciones no gubernamentales (ONG) “viola la Constitución de la República, es discriminatoria, retrógrada e invade atribuciones de diversos organismos”.
Las ONG opositoras al proyecto indicaron que, en aras de centralizar las acciones en favor de la familia mediante la creación del Instituto Estatal de Política Familiar, se pretende atentar contra el Estado laico, al incluir en el consejo directivo de éste a cuatro asociaciones religiosas.
El único objetivo de la propuesta, afirmó Mariaurora Mota, vocera de la asociación civil Género, Ética y Salud Sexual, es evitar los matrimonios entre homosexuales o sociedades de convivencia, que ya son permitidas en entidades como Coahuila y el Distrito Federal, “con lo que se estaría negando una realidad”.
Mariaurora Mota retó a los panistas a tratar de sacar adelante su ley. Con 22 diputados en el Congreso local, dijo, cuentan con la mitad más uno de los votos, y para aprobar el ordenamiento se requiere mayoría simple, porque no implica una reforma a la Constitución estatal. “Que lo hagan y se darán un quemón. Quedarán como los más retrógradas en todo el país”, afirmó.
La iniciativa fue presentada hace unos días ante el Congreso estatal y enviada a comisiones para su estudio y dictamen. Una fuente de la bancada panista estimó que ésta podría ser aprobada el mes próximo.
El proyecto es impulsado por la diputada Norma Yolanda Robles, ex alcaldesa de Bustamante, quien sucedió en el puesto a su esposo, Jorge Santos González, que en agosto de 2000, en una ceremonia que validó el entonces gobernador Fernando Canales, provocó un escándalo nacional cuando retiró de la Plaza de Armas del municipio un busto de Benito Juárez para colocar una estatua de San Miguel Arcángel.
En la exposición de motivos, los panistas argumentan: “la familia ha visto afectado su papel en las distintas funciones que tradicionalmente ha venido desempeñando, pretendiendo sustituírsele con otras formas de organización”.
Para revertir esa situación, dice, “se propone la transversalidad en las políticas en materia familiar, contemplando todos los campos de desarrollo: educación, trabajo, vivienda, servicios sociales, cultura, deporte y salud, mediante la incorporación del enfoque de familia en los planes y programas de gobierno”.
Asimismo, sostienen los panistas, al dar valor a la familia “como institución social básica transmisora de valores, se podrán afrontar de manera más eficaz los cambios sociales, laborales y demográficos, lo que sólo puede traducirse en la auténtica realización del bien común”.
Mariaurora Mota destacó que lo preocupante es que con la nueva ley se busca discriminar de manera legal a las minorías sexuales. Expuso que al establecerse que la familia es una “institución de carácter natural”, que está formada por padre, madre e hijos, cuando los hay, desconocen la realidad y dejan de lado otras formas de familia, y de paso demuestran su ignorancia, pues a lo largo del desarrollo de la humanidad, por ejemplo, hubo familias poligámicas”.
En un artículo de la propuesta se dice que los padres tienen el derecho de educar a sus hijos conforme a sus convicciones morales y religiosas, considerando las tradiciones culturales de la familia que favorecen el bien y la dignidad del hijo. Además, que deben recibir del Estado y la sociedad la ayuda y asistencia necesarias para realizar de modo adecuado su función educadora.
“La educación sexual debe ser impartida bajo la atenta guía de los padres, tanto en el hogar como en la escuela, y debe formar e informar sobre el ejercicio responsable, sano y consciente de la sexualidad”, establece.Entre otros puntos, se dice que “para respetar el derecho de niños, niñas y adolescentes a un proceso de maduración sicológica equilibrada, los municipios ejercerán una eficiente vigilancia y control de discotecas, bares y centros nocturnos”.
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